Salud

Ministerio de Educación defiende Programa de Alimentación Escolar

Ministerio de Educación defiende Programa de Alimentación Escolar

Todo lo anterior obedece a la complejidad del programa, que en la vigencia 2016 se extendió a lo largo de 1.103 municipios, a través de más de 13.000 instituciones educativas urbanas y rurales.

Luego de entregado el informe de Evaluación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, emitido por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Educación Nacional indicó que esta es una estrategia conjunta, del gobierno nacional y las Entidades Territoriales Certificadas, que busca promover la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo. "Este programa, actualmente, permite la distribución de más de 5,5 millones de raciones diarias de comida en las instituciones educativas oficiales del país". Estas últimas son las encargadas de realizar la contratación de los respectivos operadores, mientras que el Ministerio de Educación desarrolla acciones de seguimiento y asistencia técnica a las Secretarías de Educación. Sin embargo, la cartera asegura que no han dejado de hacer seguimiento.

Ni el Ministerio de Educación Nacional, ni las entidades territoriales, han establecido indicadores coherentes que permitan vigilar y controlar el cumplimiento de los objetivos del programa, y los actuales resultan incompletos, impertinentes e inaplicables.

Así mismo, el Ministerio cuenta con el apoyo del sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) para que las Gobernaciones y Alcaldías reporten la inversión de los recursos de alimentación escolar de las diferentes fuentes. Si no cumplen con esta obligación se les oficia solicitando el cargue de la información, y se copia a los entes de control para que, desde su competencia, también hagan seguimiento y apoyen la solicitud.

"Durante la vigencia 2016, no se garantizaron con oportunidad y continuidad los recursos para la cofinanciación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, lo que afectó el giro de las transferencias a los municipios, así como los procesos de planeación y contratación, generando inoportunidad e ineficiencia en la prestación del servicio a sus beneficiarios", sostuvo la Contraloría en el documento.