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Acuerdo de paz con las Farc, blindado por 12 años

Acuerdo de paz con las Farc, blindado por 12 años

Luego de más de dos meses de discusión entre los magistrados de la Corte Constitucional alrededor de si la norma que le da estabilidad jurídica a los Acuerdos de paz logrados entre el Gobierno y las Farc era constitucional o no, este miércoles los togados del alto tribunal tomaron su decisión.

El acto legislativo establece que ahora los tres periodos presidencias siguientes están sujetos a preservar los contenidos y principios del Acuerdo Final, esto tras la firma de La Paz el 24 de noviembre en el teatro Colón de Bogotá.

El anuncio de la Corte es una invitación a las autoridades y a la institucionalidad en general a adoptar el Acuerdo Final como un referente de interpretación a la hora de ejecutar las leyes de implementación, y constituye una garantía jurídica para que los desarrollos normativos de la implementación sean fieles al espíritu del 'Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera'.

La sala plena de la Corte Suprema de Justicia aprobó el acto legislativo 02 de 2017 que establece que durante los próximos 12 años los diferentes gobiernos deben cumplir con los acuerdos de paz.

El máximo tribunal, encargado de salvaguardar la Carta Magna, declaró constitucional un acto legislativo presentado en julio mediante el cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución "con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo" con la exguerrilla, ahora convertida en partido político.

En ese sentido, al momento de ser preguntado sobre si los próximos tres gobiernos pueden modificar las leyes que ya se han expedido para implementar el Acuerdo de Paz, el presidente de la Corte, magistrado Luis Guillermo Guerrero, explicó que hay elementos que ya no se pueden desconocer ni modificar. Precisamente, el punto fue discutido en La Habana, para que el acuerdo no fuera modificado por el gobierno de turno, principalmente el siguiente. Si esto llega a pasar, en todo caso, la Corte Constitucional tendría que hacer su revisión a dichas posibles reformas.