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Organización humanitaria cierra en Nicaragua por amenazas

Organización humanitaria cierra en Nicaragua por amenazas

La ANPDH, cuyo secretario general es el activista Álvaro Leiva, dijo ser víctima del "asedio de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas a nuestras oficinas de denuncias de violaciones a los derechos humanos".

Las puertas de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) permanecerán cerradas temporalmente por las amenazas y el asedio de civiles armados Pro Gobierno a sus activistas.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, ha informado en la misma red social de que ha coincidido en el aeropuerto internacional de Honduras con el equipo de la ANPDH en su viaje hacia Costa Rica.

La decisión fue tomada este fin de semana "tras haber recibido información alarmante sobre la activación de prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que lo motive, en contra de nuestros defensores de derechos humanos", añadió.

Haga clic en la imagen para escuchar la entrevista con el director de la asociación nicaragüense pro derechos humanos, Álvaro Leiva.

"Confieso que nunca he imaginado presenciar un autoexilio en su exacto instante".

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Fueron miembros del operativo Escudo Titán quienes realizaron el decomiso en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara . Ante la sospecha, pidieron apoyo a un Ministerio Público para así poder revisar el paquete.

El Meseni y la ACNUDH se reunieron con miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y otras organizaciones “para intercambiar aspectos sobre la situación de Nicaragua”, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Llorando, ellos decían que a pesar del costo, ha valido la pena defender los derechos humanos en Nicaragua", indicó Abrao en un mensaje Twitter acompañado de una foto.

La Anpdh, constituida formalmente en Nicaragua en 1991, ha sido una de las más activas en la defensa de los derechos humanos en medio de la crisis que vive Nicaragua.

La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", algo que el presidente Daniel Ortega niega.

Por su parte, el presidente Ortega anunció que Nicaragua dará la batalla en la OEA, que aprobó el jueves pasado la creación de "un grupo de trabajo" con el fin de apoyar el diálogo nacional y contribuir a la "búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles" para superar la crisis nicaragüense.

Las protestas contra Ortega, a quien sus críticos acusan de abuso y corrupción, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en reclamaciones para que renuncie a la presidencia, que ocupa de forma ininterrumpida desde hace once años.