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Defensor del Pueblo respalda habilitación de Evo y Álvaro

Defensor del Pueblo respalda habilitación de Evo y Álvaro

La habilitación del presidente boliviano, Evo Morales, para postular a un cuarto mandato en 2019 desató el miércoles protestas en la capital y otras ciudades del país.

El martes por la noche, de forma sorpresiva, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revalidó el fallo constitucional y habilitó al binomio presidencial Evo Morales-Álvaro García Linera para participar en las elecciones primarias y generales del próximo año.

La noticia ha provocado una ola de rechazo de parte de candidatos opositores y de plataformas ciudadanas contrarias a la reelección del mandatario que han convocado a más protestas y tachan la decisión de un "golpe contra la democracia".

Este pasado lunes el grupo realizó una vigilia a las fueras del tribunal, y esperan que este jueves se realicen tres marchas, e incluso no descartan realizar una huelga de hambre.

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"La acción sumisa ante este gobierno autoritario, la expresa el TSE, que como quien lee un instructivo intrascendente, le ha dado un golpe de muerte a nuestra democracia, habilitando como candidato al dueño de todos los poderes, Evo Morales", escribió Mesa. Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN), el partido opositor más importante, aseguró que la decisión de la Justicia electoral es un funesto precedente.

Las fuerzas de oposición piden respeto a la Constitución y "a la soberanía del pueblo boliviano que en un referendo del 21 de febrero (de 2016) rechazó la reelección" de Morales.

Morales logró finalmente a fines de 2017 que el Tribunal Constitucional autorizara la candidatura del mandatario para un nuevo período, entre 2020 y 2025, arguyendo que era su derecho humano hacerlo pese a que en 2009 aprobó una constitución que prohíbe la relección continua más de una vez.

Ortiz, que cuenta con el apoyo del poderoso gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se halla este martes en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para advertir sobre la inconstitucionalidad de la postulación de Morales y la conflictividad social que puede derivar una nueva candidatura. Agrupados en colectivos ciudadanos, junto a partidos de oposición, los manifestantes pretenden evitar la candidatura de Morales, en el poder desde 2006.